Durante el año 2017, hemos sido testigos de un fenómeno que mantiene alerta a la población, donde los medios de comunicación cubren asaltos y robos violentos, en los que participan menores de edad, articulándose un discurso que causa temor e instalado en el inconsciente colectivo la tendencia de referirse y hablar de delincuencia solo cuando se trata de delitos de robo en un contexto de violación a la morada o a la propiedad privada. Para superar esta mirada, expertos señalan que la delincuencia en nuestro país debe ser entendida y analizada como un fenómeno social arraigado en las condiciones socio culturales de exclusión y desigualdad y que para disminuir 0las tasas de delitos se deben mejorar las condiciones sociales de acceso a la igualdad en el campo de la educación, salud y trabajo, que inciden en el desarrollo de un sujeto potencialmente delictivo.
Los principios cristianos que sustentan a la Corporación de Desarrollo Social de la ACJ, señalan que el compromiso fundamental es con el ser humano, con los desposeídos, los marginados, con los que sufren el rigor de la injusticia, de la discriminación, de la violencia imperante hoy día en nuestra sociedad. Es por esto que el esfuerzo institucional como misión, está dirigido a favorecer procesos de integración social para los niños, niñas, adolescentes y sus familias a través de un vínculo efectivo con los recursos que la sociedad les ofrece a sus habitantes.
Nuestra visión es continuar trabajando en la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, en especial con aquellos que han infringido la ley, implementando metodologías innovadoras que sean una alternativa a la privación de libertad, brindándoles una real oportunidad de reinserción social de acuerdo a sus características personales y las de su comunidad.
En este contexto opera nuestro programa Libertad Asistida Especial, instalado en las Provincias de Talagante y Melipilla, así como también en las comunas de Estación Central, San Joaquín, San Bernardo, Curicó y San Fernando; y desde que se promulga la ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente, normativa que por primera vez contempla en nuestra legislación a los adolescentes como sujetos de derecho, responsables de sus actos, con deberes y prerrogativas. Si bien la normativa enfatiza la responsabilización durante el cumplimiento de las medidas y sanciones, un propósito de relevancia es la reinserción, normalización educativa y capacitación laboral, como también la rehabilitación de las adicciones de los jóvenes que sean imputados de un delito, si ello es requerido. Una vez definida la sanción, el énfasis que se intenta en la intervención, es de carácter socioeducativo en la perspectiva de la reinserción social. Ello implica una intervención que asegure un acompañamiento global al adolescente en su calidad de sujeto en desarrollo, subrayando explícitamente una lógica de relación educativa adecuada a las necesidades y recursos del adolescente así como también a las características y condiciones del contexto en el que él se desarrolla.
